Trump pide a la Corte Suprema que le permita restringir el voto por correo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema que le permita implementar un decreto destinado a endurecer las reglas del voto por correo, una modalidad que vuelve a estar en el centro del debate político a pocos meses de las elecciones legislativas de medio término.

La presentación del Gobierno busca revertir las decisiones de tribunales federales que suspendieron la aplicación de la medida en 23 estados gobernados por demócratas, al considerar que varias de sus disposiciones podrían interferir con las competencias electorales de cada estado.

El decreto presidencial, firmado en marzo de 2026, plantea una serie de modificaciones en el sistema de votación por correo. Entre ellas, dispone que los estados entreguen al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) listas actualizadas de ciudadanos habilitados para votar mediante esa modalidad. A partir de esa información, el correo tendría prohibido distribuir boletas a personas que no figuren en esos registros.

La iniciativa también establece que todas las boletas enviadas por correo cuenten con códigos de barras individuales para facilitar su seguimiento y fortalecer los mecanismos de control durante el proceso electoral.

Otro de los puntos más discutidos del decreto es la participación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la elaboración de listados de personas que considera aptas para votar. Según la administración Trump, esta medida permitirá detectar posibles casos de votantes no ciudadanos y reforzar la seguridad del sistema.

Además, el texto presidencial propone priorizar las investigaciones federales contra funcionarios electorales que envíen o reciban boletas correspondientes a personas no habilitadas para votar, una decisión que generó fuertes cuestionamientos por parte de distintos estados y organizaciones vinculadas al proceso electoral.

Desde la Casa Blanca sostienen que el objetivo del decreto es garantizar elecciones más seguras y transparentes. En su presentación ante la Corte Suprema, el Gobierno argumentó que la orden presidencial constituye únicamente una directiva administrativa para organismos federales y que, por sí sola, no modifica las normas electorales de los estados.

Sin embargo, los estados que presentaron la demanda consideran que la iniciativa invade facultades que la Constitución reserva a las administraciones estatales. Según explicaron ante la Justicia, implementar estos cambios obligaría a reorganizar el proceso electoral cuando muchas autoridades locales ya comenzaron la preparación de los comicios.

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, confirmó recientemente la suspensión del decreto al considerar que los estados ya debieron destinar recursos económicos y personal para analizar cómo cumplir con las nuevas exigencias. Entre otras cuestiones, varios distritos electorales señalaron que ya habían adquirido sobres y materiales para la votación antes de conocerse las nuevas disposiciones.

La controversia también reabrió el debate sobre el fraude electoral en Estados Unidos. Trump sostiene desde hace años que es necesario reforzar los controles para evitar irregularidades, especialmente en el voto por correo. Sin embargo, diferentes investigaciones, autoridades electorales y organismos independientes han señalado que los casos de fraude comprobados representan un porcentaje muy reducido y que no existen pruebas de un fraude generalizado capaz de modificar el resultado de una elección nacional.

Otro punto que genera preocupación entre especialistas es el uso de las bases de datos federales para identificar ciudadanos habilitados para votar. Documentos judiciales indican que algunos registros del Departamento de Seguridad Nacional presentan información incompleta o podrían generar errores, lo que alimenta el temor de que ciudadanos con derecho a voto sean excluidos por equivocación.

La apelación presentada por la administración Trump marca una de las pocas solicitudes de emergencia elevadas este año al máximo tribunal estadounidense. Ahora, la Corte Suprema deberá analizar el caso y escuchar la respuesta de los estados demandantes, que fue solicitada para el 3 de agosto.

La decisión que adopten los jueces podría tener un fuerte impacto en la organización de las elecciones legislativas de noviembre y volver a colocar al sistema electoral estadounidense en el centro del debate político nacional.