16/06/2026
La crisis poselectoral en Perú se profundizó este fin de semana después de que Juntos por el Perú, el espacio político del candidato izquierdista Roberto Sánchez, anunciara una campaña de recaudación de fondos para solicitar la anulación de 1.751 mesas de sufragio. La medida llega en medio de un ajustado recuento que ubica a Keiko Fujimori al frente de la segunda vuelta presidencial por apenas 18.488 votos.
Según los datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 100 % de las actas computadas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtiene el 50,055 % de los votos, mientras que Roberto Sánchez alcanza el 49,949 %.
La diferencia entre ambos candidatos es mínima y mantiene en vilo a millones de peruanos, a la espera de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan las observaciones sobre 1.495 actas impugnadas.

El recuento voto a voto mantiene en vilo a Perú mientras el Jurado Nacional de Elecciones analiza las actas observadas y los pedidos de nulidad.
El partido de Roberto Sánchez presentó recursos para invalidar 1.751 mesas ubicadas en Lima y en las regiones de Lambayeque, Amazonas y Áncash.
La agrupación sostiene que detectó "indicios graves, concordantes y sistemáticos" de presuntas irregularidades, además de patrones de votación que, según denuncian, habrían favorecido a Fuerza Popular.
Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó inicialmente la solicitud debido a que el partido no completó el pago requerido para formalizar el trámite.
La legislación electoral peruana establece que cada pedido de nulidad de una mesa de sufragio tiene un costo de 1.375 soles, equivalentes a unos 404 dólares.
En total, Juntos por el Perú necesita reunir cerca de 2,4 millones de soles, unos 705.000 dólares, para avanzar con el proceso de impugnación.
Por ese motivo, el partido lanzó una colecta pública dirigida a sus simpatizantes con el objetivo de recaudar los fondos necesarios.

Militantes de Juntos por el Perú denuncian presuntas irregularidades en mesas de Lima, Lambayeque, Amazonas y Áncash durante la segunda vuelta presidencial.
La estrecha diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez reavivó el debate sobre la transparencia del proceso electoral y elevó la tensión política en Perú.
Mientras los organismos electorales avanzan en la revisión de las actas observadas, distintos sectores políticos y sociales pidieron respetar los canales institucionales para evitar episodios de violencia o deslegitimación del resultado.
La incertidumbre sobre el desenlace definitivo mantiene al país en un escenario de fuerte polarización política.
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