La lucha contra el crimen organizado sumó un nuevo episodio en Costa Rica. La presidenta Laura Fernández anunció este lunes la remoción de siete directores policiales luego de que reprobaran pruebas de polígrafo que incluían preguntas relacionadas con narcotráfico, corrupción y posibles beneficios obtenidos de manera irregular durante el ejercicio de sus funciones. La decisión forma parte de una estrategia para reforzar los controles internos en las fuerzas de seguridad.

¿Qué pasó con los jefes policiales destituidos en Costa Rica?

La mandataria informó que ordenó al ministro de Seguridad, Gerald Campos, cesar de inmediato a siete funcionarios que ocupaban cargos de confianza dentro de la estructura policial y del grupo Fuerza Élite, una unidad creada para combatir al crimen organizado.

Según explicó Fernández, las evaluaciones formaron parte de los mecanismos de control establecidos por la legislación vigente para garantizar la integridad de los funcionarios encargados de la seguridad pública.

"Seré implacable combatiendo la corrupción y limpiando a Costa Rica", afirmó la presidenta al anunciar la medida y la apertura de investigaciones preliminares contra cada uno de los funcionarios removidos.

La presidenta Laura Fernández ordenó la destitución de siete altos mandos policiales tras reprobar pruebas de polígrafo vinculadas a corrupción y narcotráfico.

La Ley del Polígrafo y el control de las fuerzas de seguridad

La decisión se enmarca en la denominada Ley del Polígrafo, aprobada durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves (2022-2026).

La normativa permite aplicar pruebas de polígrafo a integrantes de los cuerpos policiales y de seguridad nacional con el objetivo de detectar posibles vínculos con actividades ilícitas y evaluar la idoneidad de quienes ocupan puestos sensibles dentro del Estado.

La herramienta se convirtió en uno de los principales instrumentos del Gobierno costarricense para combatir la infiltración del narcotráfico en las instituciones públicas, una preocupación creciente en los últimos años.

El avance del narcotráfico y la crisis de seguridad en Costa Rica

Aunque históricamente fue considerado uno de los países más estables y seguros de América Latina, Costa Rica enfrenta una escalada de violencia asociada al narcotráfico y a la disputa entre organizaciones criminales.

El país, que no posee Ejército desde 1948 y delega la seguridad interna en la Fuerza Pública, ha registrado en los últimos años cifras récord de homicidios vinculados al crimen organizado.

Las autoridades sostienen que la ubicación geográfica de Costa Rica la convirtió en una ruta estratégica para el tráfico internacional de cocaína entre Sudamérica y los mercados de Norteamérica y Europa.

Las cifras que preocupan al Gobierno de Laura Fernández

Los datos oficiales reflejan la magnitud del desafío. Según el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), durante 2025 las fuerzas de seguridad decomisaron 46,5 toneladas de cocaína.

Se trata de la segunda cifra más alta de la historia del país, apenas por debajo del récord alcanzado en 2020, cuando se incautaron 47,1 toneladas.

Para el Gobierno, estos números evidencian tanto la intensidad de la actividad de las organizaciones criminales como la necesidad de reforzar los controles internos sobre las fuerzas encargadas de combatirlas.

El Gobierno de Costa Rica reforzó los controles internos en las fuerzas de seguridad para prevenir la infiltración del crimen organizado.

El impacto político de las destituciones en Costa Rica

La decisión de remover a siete altos mandos policiales envía una señal política contundente sobre la postura del Gobierno frente a posibles casos de corrupción dentro de las instituciones de seguridad.

Al mismo tiempo, el episodio pone de manifiesto la preocupación de las autoridades por evitar que las organizaciones narcotraficantes logren penetrar estructuras clave del Estado, un fenómeno que afecta a varios países de América Latina.

La investigación preliminar ordenada por la Presidencia podría derivar en nuevas sanciones administrativas o incluso en actuaciones judiciales si se detectan irregularidades concretas.

Una señal de endurecimiento frente al crimen organizado

La destitución de los jefes policiales representa uno de los movimientos más fuertes de la administración de Laura Fernández en materia de seguridad. Más allá de los resultados específicos de las pruebas de polígrafo, el mensaje político apunta a reforzar la confianza pública en las instituciones y a demostrar que el combate contra el narcotráfico también incluye controles internos dentro de las propias fuerzas de seguridad.

En un contexto regional marcado por el avance de organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, la capacidad de los gobiernos para supervisar a sus fuerzas policiales se convirtió en un factor clave para sostener las estrategias de seguridad y evitar la infiltración del crimen organizado en el aparato estatal.