Kast impulsa una reforma de seguridad con un estado de excepción de hasta ocho meses

El Gobierno de Chile decidió reducir la urgencia legislativa de su controvertida reforma constitucional de seguridad, en un intento por conseguir acuerdos que permitan avanzar con el proyecto en el Congreso. La iniciativa contempla la creación de un nuevo estado de excepción que podría extenderse durante hasta ocho meses.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, confirmó que desde septiembre el proyecto pasará a tener urgencia simple. Según explicó, la modificación busca facilitar el diálogo entre las distintas fuerzas políticas y alcanzar consensos para avanzar con la propuesta.

Pese al cambio en los tiempos legislativos, el Ejecutivo mantiene como uno de los puntos centrales la creación de un nuevo mecanismo de excepción. Alvarado defendió la iniciativa ante el escenario de expansión del crimen organizado y la pérdida de control territorial que, según el Gobierno, afecta a distintas zonas del país.

El oficialismo busca acotar la reforma

Dentro de la derecha también surgieron diferencias sobre el alcance de la propuesta. El senador de Renovación Nacional Andrés Longton consideró que la reducción de la urgencia puede permitir un mayor diálogo con sectores de la oposición.

El legislador planteó que su bancada buscará aprobar la idea de legislar, pero con modificaciones para limitar el alcance del nuevo estado de excepción. Una de las alternativas que analiza el oficialismo es concentrar la reforma en aspectos específicos y evitar que el mecanismo termine reemplazando las herramientas legislativas existentes.

Longton también señaló que existe mayor posibilidad de conseguir respaldo transversal para las medidas relacionadas con el sistema penitenciario. Entre ellas mencionó cambios en los regímenes de segmentación, aislamiento, segregación y comunicación de las personas privadas de libertad.

Gobierno confirmó que modificará los tiempos legislativos de la controvertida reforma de seguridad, bajando su discusión a urgencia simple a partir del mes de septiembre.

La oposición cuestiona las nuevas facultades

Desde la oposición, el proyecto recibió fuertes críticas. El senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que el Gobierno enfrenta un escenario de desorden político por la falta de respaldo suficiente para avanzar con una reforma constitucional de estas características.

Castro cuestionó especialmente la posibilidad de establecer un estado de excepción durante ocho meses sin los controles parlamentarios que considera necesarios. También manifestó preocupación por las facultades que podrían habilitar la interceptación de comunicaciones.

El legislador calificó como un riesgo que esas herramientas puedan utilizarse sin los controles correspondientes y advirtió sobre una eventual afectación de las garantías democráticas.

El Frente Amplio rechaza el proyecto

La presidenta electa del Frente Amplio, Gael Yeomans, también rechazó la iniciativa y sostuvo que la reforma no resolvería los principales problemas de seguridad que enfrenta Chile.

La diputada cuestionó que el proyecto otorgue mayores atribuciones al Poder Ejecutivo y señaló que algunas de las medidas podrían afectar la libertad de circulación y las comunicaciones de los ciudadanos.

Desde el bloque opositor reclamaron, en cambio, que el Gobierno concentre sus esfuerzos en fortalecer las capacidades de las policías y abordar las causas vinculadas con la inseguridad.

El proyecto continuará su discusión en el Congreso durante las próximas semanas, en un escenario en el que el Gobierno deberá buscar acuerdos con sectores de la oposición para conseguir los votos necesarios para avanzar con la reforma.