Guatemala: buscan destrabar la actividad del Congreso con sesiones los martes y miércoles

El presidente del Congreso de Guatemala, Luis Contreras, planteó modificar la dinámica de sesiones del Legislativo y concentrar la actividad ordinaria los martes y miércoles, con el objetivo de dejar los jueves exclusivamente para las interpelaciones a funcionarios del Ejecutivo.

La propuesta surgió luego de que una nueva sesión parlamentaria fuera suspendida este jueves 20 de agosto por falta de quórum. Contreras consideró que incorporar un día adicional permitiría evitar que las interpelaciones terminen paralizando el tratamiento de otros asuntos de la agenda legislativa.

El calendario aprobado por el Congreso contempla, desde el 27 de agosto, interpelaciones a 12 de los 14 integrantes del gabinete de Bernardo Arévalo. La programación actual se extiende al menos hasta el 22 de octubre, aunque los procesos podrían prolongarse más allá de esa fecha.

Mientras una interpelación permanece abierta, los ministros involucrados tienen restringida la posibilidad de abandonar Guatemala.

Una agenda legislativa condicionada por las interpelaciones

Contreras sostuvo que una alternativa sería sesionar dos días adicionales para preservar el jueves como jornada destinada al control político ejercido por los diputados.

El titular del Congreso explicó que la intención no es eliminar las interpelaciones, sino evitar que su extensión termine bloqueando el resto de la actividad parlamentaria. La decisión final sobre la incorporación de una nueva jornada deberá ser analizada por los jefes de bloque.

El problema quedó nuevamente expuesto durante la sesión del 20 de agosto. Según Contreras, se esperó durante aproximadamente 40 minutos para alcanzar el número necesario de legisladores, pero finalmente la reunión tuvo que ser levantada por falta de quórum.

Una interpelación lleva nueve meses sin terminar

Uno de los casos que refleja la extensión de estos procedimientos es el del ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto.

La solicitud para interpelarlo había sido presentada el 28 de enero de 2025 por la diputada Lourdes Teresita de León Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza. El proceso comenzó formalmente el 13 de noviembre de 2025.

Durante la primera comparecencia, Pinto respondió 15 de las 20 preguntas básicas planteadas por los diputados. Sin embargo, la falta de quórum volvió a interrumpir el procedimiento y quedaron cinco interrogantes pendientes.

La interpelación se retomó el 22 de enero de 2026, cuando comenzó la etapa de preguntas adicionales. Nueve meses después de su inicio formal, todavía permanece abierta y hay cinco diputados que no han intervenido.

El caso es utilizado como ejemplo de las dificultades que enfrenta el Congreso para establecer plazos concretos para estos procedimientos.

Luis Contreras busca liberar el jueves para el control político y evitar más suspensiones por falta de quórum

El control político también limita la salida de los ministros

Las interpelaciones están contempladas en el artículo 166 de la Constitución Política de Guatemala como un mecanismo de control del Congreso sobre los integrantes del Ejecutivo.

Los ministros deben presentarse ante el pleno y responder las preguntas formuladas por los legisladores. Si posteriormente se aprueba un voto de falta de confianza con mayoría absoluta, el funcionario debe presentar su renuncia o puede ser removido.

Mientras el procedimiento continúa, el ministro queda sujeto a arraigo y no puede abandonar el territorio guatemalteco. Por ese motivo, la extensa agenda de interpelaciones representa una dificultad adicional para el gabinete de Arévalo.

Aunque el cronograma parlamentario establece como última fecha el 22 de octubre, no existe certeza de que todos los procesos hayan concluido para entonces.

Cuestionamientos por la duración de los procesos

La diputada Lucrecia Marroquín, de la bancada Unionista, cuestionó la duración que han adquirido algunas interpelaciones. Consideró que el mecanismo constituye un derecho de los legisladores, pero sostuvo que no debería extenderse indefinidamente.

A su entender, una interpelación debería resolverse en una o dos sesiones y no convertirse en un procedimiento prolongado que termine condicionando el funcionamiento general del Congreso.

La propuesta de Contreras apunta precisamente a separar ambas actividades: martes y miércoles para avanzar con la agenda legislativa y jueves para las interpelaciones.

Por ahora, la decisión dependerá de los jefes de bloque. El objetivo del presidente del Congreso es encontrar una fórmula que permita recuperar jornadas de trabajo legislativo sin restringir el mecanismo constitucional de control político.