08/07/2026
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este martes 7 de julio de 2026 una nueva Ley de Extradición que busca acelerar los procedimientos judiciales para entregar a personas requeridas por otros países, especialmente vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. La iniciativa fue aprobada con 139 votos a favor sobre 140 legisladores presentes y ahora será enviada al presidente Daniel Noboa para su revisión.
La reforma actualiza una normativa vigente desde el año 2000 y establece nuevos plazos, responsabilidades institucionales y mecanismos técnicos para evitar demoras en los procesos de extradición, uno de los reclamos centrales en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador.
La oficialista Rosa Torres, impulsora del proyecto dentro de la Asamblea Nacional, explicó que la legislación anterior no establecía tiempos concretos ni responsabilidades claras, lo que provocaba que algunos trámites que debían resolverse en aproximadamente dos años terminaran extendiéndose durante más de seis años.
"Lo que estamos haciendo es acortar los plazos, establecer responsabilidades y crear una unidad técnica especializada que analice cada proceso", señaló Torres durante el debate parlamentario.
Según la nueva normativa, los procedimientos podrían reducirse hasta un plazo cercano a 45 días, con una estructura destinada a mejorar la coordinación entre la Justicia ecuatoriana, la Cancillería y organismos internacionales.
Uno de los principales antecedentes que impulsaron el debate fue la extradición de José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", líder de la organización criminal Los Choneros, quien se convirtió en el primer ciudadano ecuatoriano extraditado a Estados Unidos desde territorio nacional.
El caso ocurrió luego del referéndum de 2024, en el que los ciudadanos aprobaron eliminar la prohibición constitucional que impedía extraditar ecuatorianos requeridos por tribunales extranjeros.
Tras la salida de "Fito", Ecuador también avanzó con la extradición hacia Estados Unidos de otros integrantes de grupos criminales considerados de alto riesgo.

Ecuador aprobó una nueva Ley de Extradición para acelerar los procesos contra personas vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado.
La normativa aprobada por la Asamblea Nacional incorpora definiciones técnicas sobre extradición activa y pasiva, establece con mayor precisión el rol de las instituciones involucradas y limita la discrecionalidad en la toma de decisiones.
Además, mantiene restricciones para casos relacionados con delitos políticos u otras situaciones contempladas por la legislación internacional.
El objetivo del Gobierno ecuatoriano es fortalecer la cooperación con otros países para perseguir a líderes de organizaciones criminales que operan dentro y fuera del territorio nacional.
La aprobación de la ley representa un respaldo político transversal en Ecuador, ya que contó incluso con el apoyo de legisladores de la Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora al gobierno de Daniel Noboa.
Aunque algunos sectores opositores señalaron que la extradición no resolverá por sí sola la inseguridad, coincidieron en la necesidad de mejorar las herramientas legales para enfrentar el avance del narcotráfico y las bandas criminales.
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