La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, denunció este lunes 20 de julio de 2026 que existen al menos nueve supuestos planes para atentar contra su vida, entre ellos un posible ataque con francotiradores. La mandataria afirmó que las amenazas fueron detectadas por organismos de inteligencia policial y penitenciaria y ya fueron remitidas al Ministerio Público para su investigación.

Laura Fernández denunció amenazas y posibles ataques contra su vida

"Yo tengo alrededor de nueve amenazas contra mi integridad física, algunas desde ataque con francotirador", afirmó Laura Fernández durante una conferencia de prensa. Según explicó la presidenta de Costa Rica, se trata de información considerada delicada y confidencial.

La mandataria también aseguró que las amenazas no se limitaron a su persona. De acuerdo con su denuncia, integrantes de su gabinete y miembros de su familia también recibieron amenazas, lo que elevó la preocupación por la seguridad de las autoridades costarricenses.

"Evidentemente no queremos que ocurra algo que atente contra la seguridad de ningún alto funcionario, mucho menos en mi caso personal, contra mi familia o contra mí", sostuvo Fernández.

Las amenazas provendrían de organismos de inteligencia de Costa Rica

La presidenta costarricense señaló que la mayoría de las advertencias fueron recibidas a través de información proveniente de la inteligencia policial y de la inteligencia penitenciaria.

"Son amenazas delicadas", expresó Fernández, quien confirmó que los datos fueron trasladados al Ministerio Público para que se determine su origen, alcance y posible responsabilidad penal.

La denuncia se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de las autoridades en Costa Rica. El Gobierno deberá ahora avanzar en la investigación de las amenazas y reforzar las medidas de protección para la presidenta, su entorno familiar y los funcionarios mencionados.

Laura Fernández aseguró que organismos de inteligencia detectaron al menos nueve supuestos planes contra su integridad física y que las amenazas ya fueron remitidas al Ministerio Público.

El antecedente de la explosión durante una recorrida por una zona de minería ilegal

La denuncia de Laura Fernández ocurre un mes después de un episodio de seguridad registrado el 20 de junio. En aquella oportunidad, la presidenta de Costa Rica tuvo que ser evacuada de emergencia luego de una explosión mientras recorría una zona de minería ilegal en el interior del país.

Además, días antes de ese episodio, el Gobierno había informado sobre la existencia de un supuesto plan que se estaría organizando desde una cárcel.

El antecedente volvió a cobrar relevancia tras la nueva denuncia de la presidenta sobre las amenazas contra su vida y la posibilidad de ataques planificados.

El antecedente de Rodrigo Chaves y las denuncias de un supuesto complot

Laura Fernández asumió la Presidencia de Costa Rica en mayo, luego de suceder a su mentor político, Rodrigo Chaves.

Durante el gobierno de Chaves, las autoridades también habían denunciado en enero la existencia de un presunto complot para atentar contra el entonces presidente. Sin embargo, hasta el momento no se presentaron pruebas concretas que confirmaran públicamente aquella acusación.

El nuevo escenario vuelve a poner el foco en la seguridad presidencial y en la capacidad de las instituciones de Costa Rica para investigar posibles amenazas contra funcionarios de alto nivel.

Qué significa la denuncia de Laura Fernández para el Gobierno de Costa Rica

La denuncia de la presidenta Laura Fernández puede convertirse en un desafío político e institucional para el Gobierno de Costa Rica. La investigación deberá determinar si las amenazas representan riesgos concretos o si forman parte de advertencias aún no verificadas, mientras las autoridades deberán garantizar la seguridad de la mandataria sin generar una escalada de alarma pública.

El caso también podría abrir un nuevo debate sobre la seguridad de los funcionarios públicos, el funcionamiento de los organismos de inteligencia y la necesidad de esclarecer posibles amenazas surgidas desde ámbitos criminales o penitenciarios.