La ONG venezolana Foro Penal informó la liberación de ocho militares que permanecían detenidos desde hacía casi una década, acusados de participar en una supuesta conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Entre los liberados hay siete sargentos y un general que obtuvieron la libertad plena tras cumplir condenas vinculadas al delito de "instigación al odio", según explicó el vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob.
Los militares habían sido vinculados además a una causa donde también apareció mencionado el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, fallecido en 2021 mientras permanecía bajo custodia estatal.
La medida reabre el debate sobre la situación judicial y política de militares encarcelados en Venezuela.
Denuncias por torturas y demoras judiciales
Familiares de los militares denunciaron durante años supuestos maltratos dentro del sistema penitenciario venezolano. Entre las acusaciones figuraron golpes, descargas eléctricas, aislamiento e incomunicación luego de ser señalados por una supuesta maniobra para derrocar al gobierno.
De acuerdo con medios locales citados en la información, algunos de los detenidos permanecieron más de un año y medio esperando audiencias preliminares y atravesaron más de 60 postergaciones judiciales antes del inicio del juicio.
El antecedente de Raúl Isaías Baduel
Baduel, exministro de Defensa durante la presidencia de Hugo Chávez, volvió a quedar detenido en 2017 luego de que le revocaran una medida cautelar.
Posteriormente enfrentó nuevas acusaciones
vinculadas a delitos contra la integridad nacional.
En octubre de 2021 murió bajo custodia estatal. Mientras la Fiscalía venezolana sostuvo que sufrió un paro cardiorrespiratorio asociado al COVID-19, su familia rechazó esa versión y organismos internacionales solicitaron investigaciones independientes.
Un caso que vuelve a poner el foco sobre la situación judicial en Venezuela
La liberación de los ocho militares reabre cuestionamientos sobre los procesos judiciales, las condiciones de detención y las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre el funcionamiento del sistema carcelario venezolano.
La situación vuelve a instalar el debate sobre presos políticos, garantías judiciales y derechos humanos en el país sudamericano.
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