04/08/2026
Un grupo de 16 pescadores de Ecuador avanza con una demanda contra Estados Unidos por el presunto ataque con drones que sufrió la embarcación Negra Francisca Duarte 2 el pasado 17 de marzo de 2026 en aguas internacionales del océano Pacífico. La defensa sostiene que el episodio dejó heridos, secuelas psicológicas y la destrucción total del barco, mientras las autoridades estadounidenses niegan cualquier responsabilidad.
De acuerdo con el relato de la tripulación, la embarcación navegaba a unas 170 millas de las islas Galápagos cuando un dron se aproximó y explotó sobre la caseta del barco, provocando un incendio que obligó a los pescadores a abandonar la nave.
El capitán Hernán Flores aseguró que, tras el ataque, solicitaron ayuda a otra embarcación presente en la zona, donde -según su testimonio- había militares estadounidenses que los recibieron apuntándoles con armas y ordenándoles levantar las manos.
Los pescadores sostienen que el hecho no fue un accidente, sino un ataque deliberado ocurrido en aguas internacionales.
El abogado Jorge Chiriboga, representante legal de la tripulación, informó que dos de los pescadores sufrieron quemaduras de gravedad y continúan en tratamiento médico.
Además de las lesiones físicas, aseguró que la mayoría de los tripulantes presenta síntomas compatibles con estrés postraumático.
Según explicó, muchos de ellos padecen insomnio, episodios de ansiedad y temor permanente al regresar al mar, lo que también afecta su actividad laboral.
La defensa prevé incorporar peritajes psicológicos para documentar las secuelas emocionales derivadas del episodio.

La tripulación del barco Negra Francisca Duarte 2 sostiene que fue atacada por un dron mientras pescaba cerca de las islas Galápagos y responsabiliza a Estados Unidos por el operativo.
El equipo legal se encuentra recopilando documentación y pruebas para presentar en las próximas semanas una demanda en tribunales de Estados Unidos.
La acción judicial buscará una reparación económica por:
Según Chiriboga, existen fotografías y videos que documentarían la destrucción del barco y respaldarían la versión de los pescadores.
Mientras el Departamento de Defensa de Estados Unidos rechazó cualquier responsabilidad en los hechos, investigaciones difundidas por Human Rights Watch sostienen que es altamente probable que autoridades estadounidenses hayan tenido participación o conocimiento del operativo denunciado.
En paralelo, el caso continúa siendo investigado por la Fiscalía de Asuntos Acuáticos de Manta, en Ecuador, y también forma parte de un proceso administrativo que se desarrolla en San Cristóbal, en las islas Galápagos.

Mientras Washington niega cualquier responsabilidad, el caso continúa bajo investigación en Ecuador y suma cuestionamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos.
La demanda impulsada por los pescadores podría convertirse en un nuevo foco de tensión entre Ecuador y Estados Unidos, especialmente si la Justicia estadounidense acepta analizar la denuncia y avanza sobre las responsabilidades del operativo. El caso también reabre el debate sobre las operaciones de seguridad en aguas internacionales y la protección de embarcaciones civiles dedicadas a la pesca.
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