Kast envía al Senado una reforma constitucional para reforzar la lucha contra el crimen organizado

El Gobierno de José Antonio Kast presentó este lunes ante el Senado de Chile un proyecto de reforma constitucional destinado a ampliar las herramientas del Estado frente al avance del crimen organizado y las organizaciones terroristas.

La iniciativa fue ingresada con suma urgencia, por lo que el Senado deberá analizar las modificaciones propuestas en un plazo de 15 días. El proyecto forma parte de la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) e incorpora ocho cambios a la Constitución chilena.

Un nuevo estado de excepción

Uno de los principales puntos de la propuesta es la incorporación de un nuevo mecanismo de emergencia que podría ser utilizado cuando exista una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta haya sido seriamente alterada.

El presidente podría establecer este régimen por un período de hasta 120 días y renovarlo una vez por otro plazo equivalente. Para una extensión posterior sería necesaria la intervención del Congreso.

Las áreas sometidas a este régimen quedarían bajo la conducción directa de un Oficial General designado por el mandatario.

La medida permitiría al Ejecutivo aplicar restricciones sobre determinados derechos, entre ellos la libertad personal y de desplazamiento. También contempla limitaciones al derecho de reunión y asociación, además de facultades para intervenir comunicaciones y documentos y ordenar requisiciones de bienes.

¿Qué propone para los condenados por crimen organizado?

La reforma también plantea consecuencias específicas para quienes sean condenados por delitos relacionados con organizaciones criminales o terrorismo.

Entre las medidas previstas figura la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Además, esas personas no podrían acceder durante 15 años a determinadas penas alternativas a la prisión ni a beneficios penitenciarios.

El proyecto también propone limitar su acceso a determinadas prestaciones financiadas con fondos públicos. La regulación concreta de estas restricciones quedaría establecida mediante una ley de quórum calificado.

La reforma plantea consecuencias para quienes sean condenados por delitos relacionados con organizaciones criminales o terrorismo.

El Gobierno busca reconocer constitucionalmente a las organizaciones criminales

Otra de las modificaciones planteadas consiste en otorgar rango constitucional a la creación de registros de organizaciones criminales.

El proyecto contempla además un mecanismo para que el presidente pueda declarar que una determinada agrupación constituye una organización terrorista o forma parte del crimen organizado.

Sin embargo, esa atribución tendría controles adicionales: la declaración debería contar previamente con un informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional y posteriormente ser sometida a votación en el Senado.

La aprobación requeriría una mayoría de dos tercios y la deliberación se realizaría en sesión secreta.

Chile mantiene un estado de excepción en parte de su territorio

La iniciativa del Gobierno llega mientras continúa vigente en Chile un estado de excepción aplicado en cuatro provincias de las regiones de La Araucanía y Biobío.

Esta medida, que se mantiene desde 2022 y fue prorrogada sucesivamente por el Congreso, permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas relacionadas con el control del orden público.

El nuevo proyecto busca incorporar herramientas adicionales frente a una problemática que el Ejecutivo considera una de las principales amenazas para la seguridad nacional.

El crimen organizado, una preocupación creciente

Chile no figura entre los principales países productores de drogas de la región. Sin embargo, su infraestructura portuaria y su ubicación han favorecido su utilización como punto de tránsito y distribución de estupefacientes hacia mercados de Asia, Europa y Estados Unidos.

En los últimos años, distintas organizaciones criminales ampliaron su presencia en el país y diversificaron sus actividades ilegales.

Con esta reforma, el Gobierno de Kast pretende modificar el marco constitucional para darle al Estado mayores capacidades de prevención, persecución y respuesta frente a estas estructuras.