22/06/2026
Las autoridades bolivianas informaron que los bloqueos en las carreteras del país se redujeron de 50 a 31 este domingo, tras dos días consecutivos de operativos conjuntos entre policías y militares para restablecer la circulación de personas y mercancías.
La decisión se produjo después de que el presidente Rodrigo Paz decretara el estado de excepción para enfrentar una crisis que lleva más de seis semanas y que generó escasez de combustibles, alimentos y oxígeno medicinal en distintas regiones de Bolivia.
Los operativos de despeje se concentraron principalmente en la ruta que une La Paz con Oruro, una de las vías estratégicas para el abastecimiento del país.
Con apoyo de maquinaria pesada, las fuerzas de seguridad retiraron barricadas instaladas por manifestantes y permitieron el ingreso de decenas de camiones cisterna con gasolina y diésel hacia La Paz y la ciudad de El Alto, dos de las zonas más afectadas por la crisis.
Según datos oficiales, los cortes de rutas eran impulsados por sectores campesinos, indígenas y trabajadores mineros que exigen respuestas a la crisis económica que atraviesa el país.

Policías y militares bolivianos avanzaron en el despeje de rutas tras la declaración del estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz.
El decreto presidencial que restringe las manifestaciones y habilita la intervención de policías y militares fue avalado por más de dos tercios de los legisladores presentes en una sesión especial del Congreso boliviano.
La norma faculta al Ejecutivo a garantizar la libre circulación y el abastecimiento de productos esenciales, en medio de una situación que el Gobierno considera crítica.
Desde la administración de Rodrigo Paz sostienen que las protestas agravaron la escasez de combustibles y generaron importantes dificultades para el funcionamiento del sistema sanitario.
Las movilizaciones continúan siendo respaldadas por organizaciones campesinas e indígenas vinculadas al movimiento Túpac Katari y por sectores cocaleros afines al expresidente Evo Morales.
Sin embargo, el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización sindical del país, para suspender parte de las manifestaciones.
El conflicto social se intensificó a partir del deterioro económico, considerado por las autoridades como el más severo de las últimas cuatro décadas, y por denuncias sobre la comercialización de combustibles de baja calidad que habrían afectado a miles de vehículos.

Camiones cisterna retomaron su ingreso a La Paz y El Alto luego de la liberación de corredores estratégicos.
De acuerdo con cifras oficiales, las protestas y los bloqueos provocaron pérdidas cercanas a los 3.000 millones de dólares.
Además del impacto económico, el conflicto dejó al menos 16 fallecidos. Trece de las víctimas murieron por la imposibilidad de acceder a atención médica oportuna debido a los cortes de rutas.
La situación también generó desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal en varias ciudades del país.
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