Tribunal Constitucional de Bolivia analizará el futuro del exministro de Economía

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia tendrá este lunes 24 de agosto una jornada clave para definir la situación del exministro de Economía José Gabriel Espinoza, cuya salida del Gobierno se produjo después de una moción de censura aprobada por la Asamblea Legislativa.

La Sala Constitucional Tercera de El Alto deberá analizar las medidas cautelares solicitadas por Espinoza y determinar si la censura parlamentaria que derivó en su destitución vulneró sus derechos fundamentales. El exfuncionario sostiene que la decisión legislativa fue adoptada sin respetar las garantías constitucionales correspondientes.

El conflicto comenzó después de que la Asamblea Legislativa convocara a Espinoza para que respondiera por las políticas económicas aplicadas por el Gobierno frente a la situación financiera que atraviesa Bolivia. El ministro debía presentarse ante los legisladores el 18 de agosto, pero no concurrió a la interpelación.

Espinoza justificó su ausencia con un viaje a Santa Cruz y posteriormente a Brasil. Sin embargo, los legisladores consideraron insuficientes esas explicaciones y avanzaron con el proceso de censura, que finalmente fue aprobado con dos tercios de los votos.

Tras la decisión parlamentaria, Espinoza recurrió al Tribunal Constitucional en un intento por frenar sus efectos. Entre sus argumentos planteó que la sesión en la que se produjo la censura no contó con la totalidad de los integrantes de la Asamblea, ya que estuvieron presentes 129 de los 166 legisladores.

La disputa judicial se produce después de que el presidente Rodrigo Paz formalizara el 21 de agosto la salida del funcionario mediante un decreto. En su reemplazo fue designado Óscar Justiniano, quien hasta ese momento se desempeñaba como ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua.

Una salida en medio de la crisis económica

La destitución de Espinoza ocurre mientras el Gobierno boliviano intenta aplicar un programa de medidas destinado a enfrentar una profunda crisis económica, caracterizada por la falta de dólares, dificultades fiscales y presión sobre la moneda nacional.

Una de las decisiones más relevantes de la administración Paz fue modificar el esquema cambiario y pasar de un tipo de cambio fijo a uno flexible. El cambio provocó una fuerte depreciación del boliviano durante las primeras semanas, aunque posteriormente la tendencia comenzó a revertirse.

El Gobierno también avanzó con la reducción de subsidios a los combustibles, una medida que generó preocupación entre distintos sectores debido a su impacto sobre los precios y los costos de transporte y producción.

En ese escenario, Espinoza quedó directamente vinculado con la conducción de la política económica y tuvo que enfrentar cuestionamientos tanto por las decisiones adoptadas como por distintas controversias durante su gestión.

Uno de los episodios que afectó su imagen pública estuvo relacionado con la decisión de restringir temporalmente la circulación de billetes de una determinada serie. La medida fue adoptada después de que un avión que transportaba alrededor de 50 millones de bolivianos se estrellara y parte del dinero quedara en manos de personas que se encontraban en la zona.

El entonces ministro también quedó bajo cuestionamientos por la compra de una camioneta de alta gama que habría sido registrada por un valor inferior al de mercado, situación que generó sospechas sobre un eventual intento de reducir la carga tributaria asociada a la operación.

El conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo

La salida de Espinoza también expone el deterioro de la relación entre el Gobierno de Paz y la Asamblea Legislativa.

Aunque el Partido Demócrata Cristiano (PDC), fuerza que llevó a Paz a la Presidencia, cuenta con una presencia importante en el Parlamento, la bancada no mantiene una posición completamente alineada con el mandatario.

El oficialismo se encuentra dividido entre legisladores que respaldan al presidente, sectores vinculados al vicepresidente Edmand Lara y dirigentes que mantienen su lealtad a la estructura partidaria.

A esto se suma la presencia de otros bloques opositores con peso dentro de la Asamblea. La segunda fuerza parlamentaria es Libre, encabezada por Jorge Tuto Quiroga, quien compitió contra Paz en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025.

El tercer bloque corresponde a Unidad, conducido por el empresario Samuel Doria Medina, quien había respaldado inicialmente al Gobierno pero posteriormente tomó distancia.

Esta composición parlamentaria obliga al Ejecutivo a negociar para conseguir respaldo a sus principales proyectos y convierte a la Asamblea en un actor determinante para la aplicación del programa económico.

Las diferencias entre ambos poderes también se hicieron visibles durante el discurso de Paz por el aniversario de la independencia de Bolivia, el pasado 6 de agosto. En aquella oportunidad, el presidente planteó que la aprobación de leyes estructurales debía negociarse directamente con legisladores y no necesariamente con las estructuras partidarias.

El planteo generó malestar entre sectores de la Asamblea y profundizó las diferencias existentes.

Un Gobierno con cambios en su gabinete

La salida de Espinoza representa además una nueva modificación dentro del gabinete de Paz.

Desde la conformación del primer equipo ministerial del Gobierno, el 9 de noviembre, ya se produjeron varias salidas. De las 15 autoridades que asumieron inicialmente sus funciones, solamente cinco permanecen actualmente en sus cargos.

La elevada rotación se produce mientras el Ejecutivo intenta implementar medidas económicas de fuerte impacto y enfrenta crecientes dificultades para construir acuerdos políticos en el Parlamento.

La situación del exministro queda ahora en manos del Tribunal Constitucional. La resolución de la Sala Constitucional Tercera de El Alto determinará si las medidas cautelares solicitadas por Espinoza prosperan y qué consecuencias podría tener el fallo sobre la censura aprobada por la Asamblea.

La decisión será seguida de cerca porque no solo afecta el futuro político del exministro, sino que también puede establecer un precedente sobre los límites de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en Bolivia.