República Dominicana rompe lazos diplomáticos con Nicaragua y exige respuesta regional

El gobierno de República Dominicana anunció que retirará su embajada en Nicaragua, en una decisión que marca un punto de quiebre en las relaciones entre ambos países centroamericanos y que fue comunicada formalmente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en una sesión celebrada en Washington.

El canciller dominicano Víctor Bisonó fue el encargado de dar a conocer la medida, señalando que la situación política en Nicaragua se ha deteriorado a un punto que exige una respuesta contundente por parte de la comunidad regional. Según explicó, el gobierno de Santo Domingo considera que las restricciones a las libertades civiles y al sistema democrático nicaragüense ya no pueden ser toleradas sin una acción concreta.

Bisonó pidió durante su intervención que los países miembros de la OEA adopten medidas regionales específicas frente al caso nicaragüense, en lugar de limitarse a declaraciones de condena sin consecuencias prácticas. Esta postura ubica a República Dominicana entre los países latinoamericanos con la posición más firme frente al gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La decisión se enmarca en un contexto de creciente aislamiento internacional para Nicaragua, cuyo gobierno ha sido señalado reiteradamente por organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros por el cierre de medios de comunicación, la cancelación de organizaciones no gubernamentales y el encarcelamiento o exilio forzado de opositores políticos, sacerdotes y periodistas.

Desde las protestas de 2018, que dejaron cientos de muertos y miles de detenidos, el gobierno nicaragüense ha profundizado un proceso de concentración de poder que incluye la eliminación de la oposición electoral, reformas constitucionales para perpetuar el control del matrimonio Ortega-Murillo y el repliegue casi total de la prensa independiente, muchas veces operando desde el exilio en Costa Rica o Estados Unidos.

Para la comunidad latina en Estados Unidos, en particular la numerosa diáspora nicaragüense radicada en Miami, Houston y otras ciudades, este tipo de medidas diplomáticas tiene un peso simbólico importante: muchos de quienes huyeron del país tras la represión siguen de cerca cada gesto internacional que presiona al gobierno de Ortega, con la esperanza de que se traduzca en sanciones más efectivas.

La administración de Washington ha mantenido su propia batería de sanciones contra funcionarios nicaragüenses en los últimos años, y el tema nicaragüense ha sido parte habitual de la agenda de la política exterior estadounidense hacia Centroamérica, especialmente en lo referido a flujos migratorios y crisis de derechos humanos que terminan impactando en la frontera sur de Estados Unidos.

El retiro de una embajada es una medida diplomática de alto impacto, utilizada generalmente como antesala a sanciones más duras o como forma de presión pública cuando los canales de diálogo bilateral se consideran agotados. No implica necesariamente la ruptura total de relaciones, pero sí un enfriamiento significativo en los vínculos oficiales entre ambos Estados.

La postura de República Dominicana se suma a la de otros países de la región que en los últimos años han cuestionado abiertamente al gobierno nicaragüense, en un bloque que incluye críticas desde Costa Rica, Panamá y, en distintos momentos, Estados Unidos y la Unión Europea, aunque sin lograr hasta ahora una acción coordinada contundente dentro de la OEA.

Se espera que la decisión dominicana reabra el debate dentro del organismo regional sobre qué mecanismos concretos puede aplicar la OEA frente a gobiernos acusados de erosionar la democracia, un debate que ha mostrado históricamente divisiones profundas entre los países miembros respecto a la intervención en asuntos internos de sus pares.