Perú declara emergencia en cinco cárceles y suma a las Fuerzas Armadas al control penitenciario

El Gobierno de Perú oficializó un estado de emergencia que regirá durante 60 días en cinco de los principales establecimientos penitenciarios del país, una medida que busca frenar el deterioro de la seguridad interna y externa de estos recintos, señalados desde hace tiempo como foco de extorsiones, motines y corrupción.

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, fue el encargado de explicar los alcances de la disposición. Según detalló, la decisión no implica que los militares ingresen a controlar el interior de los pabellones, sino que su función se concentrará en el perímetro externo de los penales, apoyando el trabajo que hasta ahora realizaban de manera exclusiva la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Álvarez precisó que las Fuerzas Armadas cumplirán un rol de refuerzo en la vigilancia de los alrededores de los cinco centros de reclusión alcanzados por la medida, un esquema pensado para reducir el ingreso de armas, teléfonos celulares y otros elementos prohibidos que suelen entrar a las cárceles a través de sobornos o descuidos en los controles perimetrales.

El funcionario remarcó que la coordinación entre las tres instituciones —Policía, INPE y Fuerzas Armadas— será permanente durante los dos meses que dure la emergencia, con el objetivo de sostener una presencia reforzada que permita anticipar intentos de fuga, motines o ataques externos contra los establecimientos.

Esta no es la primera vez que Perú recurre a la participación militar como respaldo a la seguridad penitenciaria. En los últimos años, distintos gobiernos han apelado a estados de excepción similares ante la creciente influencia de organizaciones criminales que operan y se financian, en varios casos, desde el propio interior de las cárceles.

El sistema penitenciario peruano arrastra desde hace años un problema estructural de sobrepoblación, con establecimientos que en muchos casos alojan a más del doble de los internos para los que fueron diseñados. Esa saturación, sumada a la escasez de personal de seguridad, ha sido señalada reiteradamente por especialistas como un terreno fértil para la corrupción y el control de bandas criminales dentro de los penales.

La crisis carcelaria en Perú se enmarca además en un escenario más amplio de inseguridad ciudadana, con un aumento sostenido de denuncias por extorsión a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios, muchas de ellas orquestadas telefónicamente desde dentro de las prisiones. Este fenómeno ha generado presión social y política para que el Ejecutivo adopte medidas más contundentes de control.

La situación penitenciaria peruana también resuena en la comunidad latina fuera del país, en un contexto regional donde varios gobiernos —desde El Salvador hasta Ecuador— han militarizado sus sistemas carcelarios como respuesta a crisis de seguridad similares, generando debates sobre la eficacia y los límites de este tipo de intervenciones.

Por ahora, el Ministerio de Justicia no adelantó si la medida podría extenderse más allá de los 60 días previstos ni si el número de penales bajo este esquema de refuerzo militar podría ampliarse, aunque el propio Álvarez dejó abierta la puerta a evaluar los resultados una vez cumplido el plazo inicial.