Los "falsos positivos": la herida abierta de la violencia estatal en Colombia
La Jurisdicción Especial para la Paz documentó miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como bajas en combate durante los años más duros del conflicto armado colombiano.
Por Redacción Diario Latina · 6 de octubre de 2026 a las 6:01 p. m.
Colombia arrastra en su memoria reciente uno de los episodios más oscuros de violencia perpetrada desde el propio Estado: los llamados "falsos positivos". Bajo ese eufemismo se esconde una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales en la que agentes de seguridad asesinaban a civiles para luego hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate, una maniobra que buscaba inflar los resultados militares en plena lucha contra las guerrillas. Aunque el hecho ocurrió dentro de las fronteras colombianas, su legado interpela directamente a la amplia comunidad colombiana radicada en Estados Unidos, que desde Miami, Nueva Jersey o Nueva York sigue de cerca los procesos de justicia transicional en su país de origen.
Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado tras el acuerdo de paz de 2016 para juzgar crímenes cometidos durante el conflicto armado, se contabilizaron al menos 7.837 asesinatos bajo esta modalidad. La cifra, que convirtió a este capítulo en uno de los mayores escándalos de derechos humanos de América Latina en las últimas dos décadas, representa víctimas civiles que fueron vestidas con uniformes y armas para simular enfrentamientos que nunca existieron.
De acuerdo con la investigación del organismo, la mayoría de estos crímenes se concentraron durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el marco de su política de "Seguridad Democrática", una estrategia que priorizó los resultados militares cuantificables como forma de mostrar avances contra las FARC y otros grupos armados. Esa presión por exhibir cifras de bajas, señalan los investigadores, incentivó en distintas unidades militares la comisión de estos crímenes para cumplir metas operativas.
El término "falso positivo" nació precisamente de esa lógica burocrática militar, donde un "positivo" equivalía a una baja enemiga confirmada. Lo que debía ser un indicador de éxito se transformó en una maquinaria de impunidad que victimizó a jóvenes de escasos recursos, muchos de ellos reclutados con falsas promesas de empleo y trasladados a zonas remotas donde eran asesinados.
Este fenómeno no puede entenderse sin el contexto del conflicto armado colombiano, uno de los más prolongados del hemisferio occidental, que por más de medio siglo enfrentó al Estado con guerrillas como las FARC y el ELN, además de grupos paramilitares. La firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC abrió la puerta a mecanismos de justicia transicional como la JEP, pensados para esclarecer crímenes de todos los actores del conflicto, incluidos los cometidos por agentes estatales.
Para la comunidad latina en Estados Unidos, especialmente para los cientos de miles de colombianos que residen en el sur de Florida y el noreste del país, estos procesos judiciales tienen un peso simbólico y emocional considerable. Muchas familias de víctimas emigraron buscando justicia o protección, y organizaciones de derechos humanos con sede en Washington y Miami han seguido de cerca las audiencias de la JEP como parte de una diáspora que exige rendición de cuentas desde el exterior.
El caso también resuena en el debate político más amplio sobre el legado de Álvaro Uribe, figura central de la política colombiana durante las últimas dos décadas y referente de sectores conservadores en toda la región. Las investigaciones de la JEP, aunque no implican condenas penales tradicionales, buscan establecer verdad histórica y ofrecer reparación simbólica a las víctimas, en un modelo de justicia restaurativa que ha sido observado con atención en otros países latinoamericanos que atraviesan procesos de reconciliación.
La persistencia de estos hallazgos, casi dos décadas después de los hechos más graves, demuestra la complejidad de cerrar heridas de un conflicto que involucró a múltiples actores armados y estatales. Para muchos colombianos, tanto dentro como fuera del país, el esclarecimiento de los "falsos positivos" sigue siendo una condición indispensable para consolidar una paz duradera y una democracia con instituciones de seguridad confiables.