La UE prepara una moratoria a su ley antimetano ante la tensión energética por Ormuz

La Comisión Europea analiza retrasar un año la entrada en vigor de parte de su regulación sobre emisiones de metano, una de las piezas centrales del paquete climático europeo, ante el riesgo de una disrupción energética global vinculada al estrecho de Ormuz.

La propuesta de Bruselas apunta específicamente a las exigencias que recaen sobre las importaciones de gas y petróleo, un punto que había generado fuertes presiones por parte de Estados Unidos, uno de los principales proveedores energéticos de Europa tras la reconfiguración del mapa energético que siguió a la invasión rusa de Ucrania.

El estrecho de Ormuz, por donde transita una porción decisiva del petróleo y el gas licuado que se comercializa a nivel mundial, volvió a ubicarse en el centro de la atención internacional por las tensiones en Medio Oriente, lo que elevó el temor a un encarecimiento súbito de la energía en Europa.

Para la audiencia latina en Estados Unidos, con fuertes vínculos comerciales y familiares con la región energética que exporta hacia Europa, esta decisión europea no es un dato menor: compañías estadounidenses de gas natural licuado figuran entre los principales beneficiarios de cualquier flexibilización regulatoria que facilite sus exportaciones al mercado europeo.

La normativa europea sobre metano, aprobada en los últimos años como parte del Pacto Verde, buscaba obligar a los productores y a los importadores de combustibles fósiles a cumplir con estándares de medición, reporte y reducción de este gas, considerado uno de los principales responsables del calentamiento global a corto plazo por su elevado poder de efecto invernadero.

El metano, a diferencia del dióxido de carbono, se disipa más rápido en la atmósfera pero genera un impacto mucho más intenso durante las primeras décadas tras su liberación, razón por la cual organismos científicos y ambientales lo consideran una palanca clave para frenar el calentamiento en el corto plazo.

Diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas al medioambiente ya expresaron su rechazo a la posible postergación, al advertir que debilita uno de los pocos instrumentos concretos con los que cuenta la Unión Europea para exigir trazabilidad y control a sus proveedores internacionales de energía.

La administración estadounidense, bajo el liderazgo de Donald Trump, había reclamado flexibilidad regulatoria para sus exportadores de gas, en momentos en que la Casa Blanca impulsa una agenda de expansión de la producción energética doméstica y busca consolidar a Estados Unidos como principal proveedor de gas natural licuado del continente europeo.

El debate llega en un momento sensible para la relación comercial entre Washington y Bruselas, atravesada por discusiones arancelarias y energéticas que forman parte de una negociación más amplia entre ambos bloques.

La decisión final sobre el alcance y los plazos de la moratoria quedará en manos del Parlamento Europeo y de los Estados miembros, que deberán sopesar la presión geopolítica inmediata frente a los compromisos climáticos asumidos por el bloque.