La deuda pública de Colombia rumbo a su nivel más alto en la historia

La economía colombiana enfrenta un desafío estructural que resuena más allá de sus fronteras: según el presupuesto presentado por el gobierno de De la Espriella, la deuda pública del país alcanzará un 66,2% del PIB en 2027, el nivel más alto registrado en su historia. Esta noticia importa a la comunidad latina en Estados Unidos y a los inversores de la región porque Colombia es uno de los socios comerciales y financieros más relevantes de América Latina, con fuertes vínculos migratorios y económicos con el mercado estadounidense.

El dato no surge de un fenómeno repentino, sino de una acumulación de presiones fiscales que se vienen gestando durante años. El gasto público ha crecido de manera sostenida, impulsado por programas sociales, subsidios y el costo del servicio de la propia deuda, mientras que los ingresos tributarios no han logrado seguir el mismo ritmo. A esto se suma una desaceleración económica que redujo la recaudación esperada y obligó a recurrir a más endeudamiento para cubrir el déficit.

El nuevo gobierno, encabezado por De la Espriella, hereda así una situación fiscal delicada que lo obliga a tomar decisiones impopulares: para sostener el funcionamiento del Estado, el presupuesto contempla aumentar aún más la deuda, en lugar de reducirla, al menos en el corto plazo. Esta paradoja --gobernar prometiendo orden fiscal pero debiendo endeudarse más-- es habitual en economías emergentes que atraviesan ciclos de bajo crecimiento combinados con compromisos sociales ya adquiridos.

Para entender la magnitud del problema, vale recordar que hace apenas una década la deuda pública colombiana rondaba niveles mucho más moderados, cercanos al 40% del PIB. El salto hacia cifras cercanas al 66% refleja el impacto acumulado de la pandemia, que obligó a los gobiernos de toda la región a gastar más en salud y asistencia social, y de un entorno internacional de tasas de interés más altas, que encarece el costo de refinanciar deuda existente.

Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. Varios países latinoamericanos, desde Brasil hasta Argentina, han visto crecer sus niveles de endeudamiento en los últimos años, lo que genera preocupación entre calificadoras de riesgo y organismos multilaterales como el FMI. Una deuda elevada implica menos margen de maniobra para enfrentar crisis futuras, mayor vulnerabilidad ante shocks externos y presión sobre la moneda local, factores que terminan afectando directamente el bolsillo de los ciudadanos a través de inflación o ajustes fiscales.

Para la diáspora colombiana en Estados Unidos, que envía remesas de manera regular a sus familias y mantiene inversiones en el país, estas cifras no son un dato abstracto. Un deterioro fiscal sostenido puede traducirse en devaluación del peso colombiano, mayores tasas de interés locales y, eventualmente, en reformas tributarias que impacten tanto a empresas como a hogares. Por eso, el manejo de la deuda es seguido de cerca por la comunidad de negocios con intereses en el país.

El gobierno de De la Espriella enfrenta además el desafío de recuperar la confianza de los mercados internacionales, que observan con atención si Colombia logrará estabilizar sus cuentas sin recurrir a ajustes drásticos que afecten el crecimiento. Las calificadoras de crédito ya han advertido sobre el riesgo de nuevas rebajas en la nota soberana del país si la trayectoria de la deuda no muestra señales de moderación en el mediano plazo.

En ese contexto, el presupuesto presentado se convierte en una pieza clave para marcar el rumbo económico de los próximos años. La decisión de aumentar la deuda en 2027 antes de poder reducirla refleja la tensión entre sostener el gasto social y mantener la sostenibilidad fiscal, un equilibrio que todos los gobiernos de la región deben resolver tarde o temprano, especialmente en un escenario global de tasas de interés más altas y menor apetito de riesgo por parte de los inversores internacionales.