05/06/2026
Los dos postulantes llegan a la segunda vuelta con propuestas opuestas y en medio de un escenario marcado por el aumento de la inseguridad, la incertidumbre económica y una prolongada crisis política que convirtió a Perú en uno de los países más inestables de América Latina.
La elección se presenta abierta y con final incierto. Los últimos sondeos muestran a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un empate técnico, mientras que cerca de uno de cada cinco votantes todavía no definió su voto.
Fujimori, líder de Fuerza Popular, obtuvo el 17,1% de los sufragios en la primera vuelta y logró ubicarse en el primer lugar. Por su parte, Sánchez, representante de Juntos por el Perú, alcanzó el 12% y consiguió avanzar al balotaje apoyado por sectores progresistas y votantes del interior del país.
Ambos candidatos concentraron sus últimos esfuerzos en captar a los indecisos, considerados decisivos para definir quién gobernará Perú durante los próximos años.
La creciente preocupación por la delincuencia se convirtió en uno de los temas centrales de la campaña presidencial.
Según datos oficiales, Lima registró en 2025 una tasa de 23 homicidios cada 100.000 habitantes, una cifra que triplica los niveles registrados cinco años atrás.
Keiko Fujimori basó gran parte de su discurso en promesas de mano dura contra el crimen organizado y en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Sus seguidores destacan además la gestión de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, especialmente por la derrota de grupos armados durante la década de 1990 y la estabilización económica del país.
Sin embargo, sus detractores recuerdan las condenas que recibió el exmandatario por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Los votantes indecisos aparecen como un factor clave de cara a una elección que mantiene la incertidumbre sobre el resultado.
Del otro lado, Roberto Sánchez se presenta como la alternativa de cambio frente a las estructuras tradicionales del poder.
El dirigente de izquierda, cercano al expresidente Pedro Castillo, sostiene que las élites políticas y económicas son responsables de la crisis institucional que atraviesa Perú y promete una transformación enfocada en las regiones más postergadas.
Durante la campaña insistió en la necesidad de ampliar la inversión social, fortalecer los servicios públicos y otorgar mayor protagonismo a las provincias y comunidades rurales.
Sus simpatizantes consideran que representa una oportunidad para reducir las desigualdades históricas entre Lima y el interior del país.
El próximo presidente asumirá en un contexto particularmente complejo. Desde 2016, Perú tuvo ocho presidentes, una situación que refleja la fragilidad institucional y la permanente confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
La inestabilidad política afectó la confianza ciudadana y generó preocupación entre sectores económicos y sociales que reclaman previsibilidad para los próximos años.
La elección del domingo será observada de cerca por toda la región debido al impacto que podría tener sobre la economía peruana, la seguridad interna y las relaciones internacionales del país.

Con multitudinarios actos en la capital peruana, los candidatos buscaron captar los últimos apoyos antes de la jornada electoral.
Más allá de quién resulte ganador, el próximo gobierno enfrentará el desafío de reconstruir la confianza en las instituciones democráticas, combatir la inseguridad y responder a las demandas sociales acumuladas durante años.
El resultado también definirá el rumbo ideológico del país: una continuidad de las políticas de centroderecha representadas por Keiko Fujimori o un giro hacia posiciones de izquierda impulsadas por Roberto Sánchez.
Con millones de votantes aún indecisos, la elección presidencial peruana se encamina a convertirse en una de las más disputadas de las últimas décadas.
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