Kast impulsa una reforma constitucional para ampliar las facultades del Estado frente al crimen organizado

El Gobierno de José Antonio Kast ingresó al Senado de Chile un proyecto de reforma constitucional que busca ampliar las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo. La iniciativa contempla ocho modificaciones y propone la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública.

El proyecto forma parte de la denominada Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y plantea otorgar al Presidente mayores facultades para actuar ante situaciones consideradas como amenazas graves para la seguridad pública.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la creación de este nuevo estado de excepción. Según la propuesta, podría ser declarado por el Presidente ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta ya hubiera sido gravemente afectada.

La medida tendría una duración inicial de hasta 120 días, con posibilidad de una prórroga por igual período. Para posteriores extensiones sería necesaria la aprobación del Congreso Nacional.

Durante su vigencia, las zonas afectadas quedarían bajo la dependencia inmediata de un oficial general designado por el Presidente. Una ley orgánica constitucional determinaría las atribuciones de esa autoridad y la participación que podrían tener las Fuerzas Armadas.

Restricciones a derechos

Uno de los aspectos que genera mayor debate es el alcance de las facultades que tendría el Ejecutivo durante este régimen excepcional.

El proyecto contempla la posibilidad de restringir la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión y el ejercicio del derecho de asociación. También permitiría interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones, además de disponer la requisición de determinados bienes.

La iniciativa establece además nuevas disposiciones vinculadas con las organizaciones criminales. Entre ellas, la posibilidad de crear registros de organizaciones de este tipo y establecer consecuencias específicas para quienes sean condenados por delitos relacionados con ellas.

También se propone que las personas condenadas por crimen organizado puedan quedar inhabilitadas de manera permanente para ejercer funciones o cargos públicos, junto con restricciones sobre comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios cuando sean necesarias para impedir que continúen coordinando actividades ilícitas desde las cárceles.

La Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y plantea otorgar al Presidente mayores facultades para actuar ante situaciones consideradas como amenazas graves para la seguridad pública.

Declaración de organizaciones terroristas

Otra de las modificaciones contempla otorgar al Presidente la facultad de declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional.

Esta declaración posteriormente debería ser aprobada por el Senado con un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio, en una sesión secreta y con acceso a los antecedentes considerados por el Ejecutivo.

El Senado tendría un plazo de cinco días para pronunciarse sobre la declaración y no podría introducir modificaciones, sino únicamente aprobarla o rechazarla.

Debate político

El Gobierno de Kast sostiene que la reforma busca fortalecer las capacidades del Estado frente al avance del crimen organizado y establecer herramientas excepcionales para enfrentar situaciones graves de seguridad pública.

Sin embargo, sus críticos advierten que la iniciativa podría ampliar considerablemente las facultades del Ejecutivo y permitir restricciones importantes de derechos fundamentales durante períodos prolongados.

El proyecto fue ingresado con suma urgencia, por lo que tendrá un plazo de 15 días para su discusión. Su tramitación estará marcada además por la necesidad de alcanzar elevados quórums parlamentarios.

De aprobarse, la reforma supondría un cambio relevante en el régimen constitucional de seguridad de Chile, al ampliar las herramientas disponibles para el Ejecutivo y establecer un nuevo marco de excepción para enfrentar amenazas vinculadas con el crimen organizado.