Ecuador imputó a un exministro y otras seis personas por el asesinato de Fernando Villavicencio

La Fiscalía General del Estado de Ecuador imputó a siete personas por su presunta participación indirecta en el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado a tiros durante un acto de campaña en Quito, pocos días antes de las elecciones de 2023. Entre los acusados se encuentra José Serrano, exministro del Interior durante el gobierno de Rafael Correa, y Wilmer "Pipo" Chavarría, señalado como líder de la banda criminal Los Lobos.

Según la Fiscalía, Serrano sería uno de los presuntos autores intelectuales del crimen y habría proporcionado a integrantes de Los Lobos información relacionada con los movimientos de Villavicencio. El exministro se encuentra actualmente en Estados Unidos y pesa sobre él una orden de prisión preventiva en Ecuador.

Serrano ocupó el cargo de ministro del Interior entre 2011 y 2016, durante la administración de Rafael Correa. La acusación representa un nuevo giro en una investigación que busca determinar quiénes estuvieron detrás de la planificación del asesinato del candidato, además de los responsables que ya fueron condenados.

José Serrano y Wilmer "Pipo" Chavarría, entre los acusados por el asesinato

Wilmer "Pipo" Chavarría, señalado como líder de Los Lobos, también fue imputado por la Fiscalía ecuatoriana. El hombre fue detenido en España el año pasado después de haber fingido su propia muerte y permanece en ese país a la espera de una solicitud de extradición.

En 2024, cinco personas vinculadas a Los Lobos fueron condenadas a prisión por el atentado contra Villavicencio. El presunto autor material de los disparos murió abatido en el lugar del ataque, mientras que otros seis hombres fueron asesinados dentro de una prisión cuando permanecían detenidos a la espera de ser juzgados.

Las siete personas señaladas recientemente por la Fiscalía son investigadas por haber desempeñado presuntamente un papel indirecto en el asesinato. De acuerdo con la institución, algunas tendrían vínculos con Los Lobos, una de las organizaciones criminales de mayor peso en Ecuador.

Cinco de los siete imputados están prófugos de la Justicia

Además de José Serrano y "Pipo" Chavarría, entre los imputados aparecen Xavier Jordán y el exasambleísta Ronny Aleaga. Serrano y Jordán se encuentran en Estados Unidos, mientras que Aleaga está en Venezuela y Chavarría permanece en España.

La Fiscalía solicitó a Interpol la emisión de notificaciones rojas para avanzar con la captura y eventual extradición de los acusados que se encuentran fuera de Ecuador. En total, cinco de las siete personas señaladas son consideradas prófugas de la Justicia.

Jordán cuestionó públicamente la acusación de la Fiscalía ecuatoriana y sostuvo que existen elementos de la investigación que deberían ser revisados. Según afirmó, entre ellos se encuentran el tratamiento de evidencia digital, las fechas en las que se obtuvo y circuló determinada información, actuaciones relacionadas con testigos y comunicaciones atribuidas a funcionarios involucrados en la investigación.

El empresario también remarcó que una acusación fiscal no equivale a una sentencia y que la imputación, por sí misma, no demuestra la responsabilidad penal de una persona.

La Fiscalía de Ecuador imputó a siete personas por su presunta participación indirecta en el asesinato de Fernando Villavicencio.

Fernando Villavicencio había denunciado vínculos entre política y crimen organizado

Fernando Villavicencio, periodista y posteriormente legislador, había construido su carrera política alrededor de las denuncias de corrupción. Durante la campaña presidencial de 2023 también había advertido públicamente sobre los vínculos entre organizaciones del crimen organizado y sectores de las autoridades.

El candidato había recibido numerosas amenazas de muerte y contaba con un equipo de seguridad. A pesar de ello, continuó participando de actos públicos de campaña hasta el ataque ocurrido en Quito.

Su asesinato tuvo lugar en un contexto de creciente violencia vinculada con el crimen organizado en Ecuador y se convirtió en uno de los hechos más graves de la campaña electoral de 2023. Daniel Noboa, quien finalmente ganó aquellas elecciones, adoptó posteriormente una política de mayor participación militar para combatir a las organizaciones criminales.

La situación de los otros acusados por el crimen

Entre los investigados también figura Ángel Esteban Aguilar, alias "Lobo Menor", quien fue detenido en Ciudad de México en marzo y trasladado posteriormente a Ecuador luego de que se emitiera una notificación roja en su contra.

Aguilar había sido condenado en 2013 a 20 años de prisión por el asesinato del hermano de José Serrano, aunque posteriormente escapó tras obtener la libertad condicional. Otro de los acusados es Luis Arboleda, señalado como un integrante de alto rango de Los Lobos.

El caso se encuentra actualmente en la etapa de audiencias preliminares. Un juez deberá determinar si la Fiscalía cuenta con elementos suficientes para llevar a los acusados a juicio.

Cinco de los siete imputados se encuentran fuera de Ecuador y son considerados prófugos de la Justicia.

Ecuador, Los Lobos y la disputa por las rutas del narcotráfico

La investigación por el asesinato de Villavicencio se desarrolla en un Ecuador atravesado por el crecimiento de las organizaciones criminales y la violencia asociada al narcotráfico. La ubicación del país, entre Colombia y Perú, dos de los principales productores mundiales de cocaína, convirtió a Ecuador en un territorio estratégico para el tránsito de drogas.

Organizaciones como Los Lobos han expandido su influencia mediante la violencia y la corrupción para controlar rutas de suministro. Expertos citados en la investigación también señalan que la organización mantiene vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación de México.

El impacto político de la investigación

La imputación de un exministro del Interior y de figuras vinculadas al crimen organizado vuelve a poner el asesinato de Fernando Villavicencio en el centro de la escena política de Ecuador. Sin embargo, la causa todavía debe atravesar las distintas etapas judiciales y las acusaciones de la Fiscalía deberán ser respaldadas por pruebas ante la Justicia.

El avance de la investigación podría tener consecuencias políticas relevantes en Ecuador porque busca determinar si detrás del asesinato de uno de los principales candidatos presidenciales de 2023 existió una estructura con conexiones entre organizaciones criminales y actores vinculados a ámbitos políticos o estatales.