23/07/2026
La Corte Suprema de Perú confirmó la ampliación por 12 meses de la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, quien permanece detenido mientras es investigado por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Los jueces consideraron que persiste y se agravó el riesgo de fuga ante posibles gestiones de asilo político y apoyo extranjero.
La Corte Suprema de Perú confirmó la extensión de la prisión preventiva de Pedro Castillo por otros 12 meses, al considerar que continúa vigente y se agravó el peligro de fuga del expresidente. La medida se aplica en el marco de una investigación por presunta corrupción y permanecerá vigente hasta el 8 de marzo de 2027, aunque el futuro judicial y político del exmandatario podría verse atravesado por un eventual pedido de gracia presidencial.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema consideró que el arraigo domiciliario de Pedro Castillo es "incierto" y que existen elementos que permiten sostener que podría intentar sustraerse de la Justicia.
Entre los argumentos expuestos por los magistrados aparecen indicios de una posible pretensión de asilo político y de una eventual salida del país con apoyo extranjero. La situación de la familia del exmandatario, asilada en México, también fue considerada dentro del análisis judicial.
Por estos motivos, la Justicia peruana declaró infundado el recurso presentado por la defensa de Castillo para invalidar la ampliación de la prisión preventiva.

El expresidente peruano Pedro Castillo permanece detenido mientras avanza la causa judicial en su contra por presuntos delitos de corrupción.
El expediente forma parte de una macroinvestigación que involucra a más de 90 personas y que analiza presuntos hechos de corrupción ocurridos durante la presidencia de Pedro Castillo.
La investigación incluye la presunta compra irregular de biodiésel por parte de la petrolera estatal Petroperú, supuestos sobornos relacionados con la licitación del Puente Tarata III y la emisión de un decreto de urgencia que habría priorizado obras en determinados municipios.
El Ministerio Público acusa al expresidente de haber liderado una organización criminal con una estructura vertical y piramidal que habría operado desde el Poder Ejecutivo. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no formalizó una acusación contra Castillo, por lo que todavía no se conoce qué pena podría enfrentar por esta causa.
La ampliación de la prisión preventiva rige desde el 9 de marzo de 2026 y se extenderá hasta el 8 de marzo de 2027.
Pedro Castillo permanece detenido en el penal de Barbadillo, conocido como "el penal de los presidentes", donde también estuvieron o permanecen detenidos otros exmandatarios peruanos, entre ellos Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra.
El exmandatario fue detenido el 7 de diciembre de 2022, luego de anunciar la disolución del Congreso y la reorganización de distintas instituciones del Estado en un intento fallido de quebrar el orden constitucional.
En noviembre de 2025, Pedro Castillo fue condenado a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, en relación con el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.
A esa condena se suman las sucesivas ampliaciones de la prisión preventiva vinculadas con la investigación por presunta corrupción, que continúa abierta y aún no cuenta con una acusación fiscal formal.

La Justicia peruana extendió la prisión preventiva de Pedro Castillo por un año más, mientras continúa la investigación sobre la causa de corrupción.
La situación judicial de Pedro Castillo podría adquirir una nueva dimensión política en los próximos días. A menos de una semana de la asunción de la presidenta electa Keiko Fujimori, permanece abierta la posibilidad de que el Gobierno de transición de José María Balcázar le otorgue una gracia presidencial.
Una eventual medida de ese tipo podría permitir la salida de Castillo de prisión, aunque se trataría de una decisión política con consecuencias relevantes en un país marcado por la inestabilidad institucional y los conflictos entre los distintos poderes del Estado.
El caso de Pedro Castillo combina una condena ya dictada por su intento de quebrar el orden constitucional con una investigación de corrupción todavía en desarrollo. La decisión de la Corte Suprema mantiene al expresidente en prisión, pero el escenario podría cambiar si el próximo Gobierno decide avanzar con una gracia presidencial.
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