El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción en diez provincias y tres cantones del país como parte de la estrategia oficial para enfrentar la crisis de seguridad y la violencia vinculada al crimen organizado. La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 423 y tendrá una vigencia inicial de 60 días.

Según informó el Gobierno ecuatoriano, la declaratoria responde a una situación de "grave conmoción interna", una figura contemplada en la Constitución que permite adoptar medidas extraordinarias para preservar el orden público y fortalecer las acciones de seguridad en territorios considerados de alto riesgo.

En qué provincias regirá el estado de excepción en Ecuador

El decreto firmado por Daniel Noboa establece que el estado de excepción se aplicará en diez provincias del país:

• Guayas

• Manabí

• Santa Elena

• Los Ríos

• El Oro

• Pichincha

• Esmeraldas

• Santo Domingo de los Tsáchilas

• Sucumbíos

• Azuay

Estas jurisdicciones permanecerán bajo el régimen excepcional durante los próximos dos meses, período en el que las autoridades podrán implementar medidas especiales contempladas por la legislación ecuatoriana.

El Gobierno de Ecuador amplió las medidas de seguridad con un nuevo estado de excepción que regirá durante 60 días en zonas consideradas de alto riesgo.

Los tres cantones incluidos en la medida

Además de las provincias mencionadas, el decreto incorpora tres cantones específicos donde también regirán las disposiciones extraordinarias:

• La Maná, en Cotopaxi.

• Las Naves, en Bolívar.

• La Troncal, en Cañar.

La ampliación territorial busca reforzar la presencia estatal en sectores que las autoridades consideran sensibles dentro del actual escenario de seguridad.

Por qué Daniel Noboa volvió a declarar el estado de excepción

El Gobierno sostiene que la medida responde a la necesidad de enfrentar los desafíos de seguridad que afectan a distintas regiones del país.

Desde el inicio de su gestión, Daniel Noboa impulsó una política de endurecimiento contra las organizaciones criminales y el narcotráfico, en un contexto marcado por el incremento de homicidios, extorsiones, secuestros y enfrentamientos entre bandas delictivas.

La declaratoria de estado de excepción se suma a otras acciones implementadas por el Ejecutivo dentro de su estrategia para combatir la violencia y recuperar el control en zonas consideradas conflictivas.

La crisis de seguridad que atraviesa Ecuador

En los últimos años, Ecuador experimentó un deterioro significativo de los indicadores de seguridad. La expansión de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico internacional convirtió al país en uno de los principales focos de preocupación en América Latina.

Las autoridades han señalado que gran parte de la violencia está asociada a disputas entre grupos criminales por el control de rutas de tráfico de drogas, puertos estratégicos y actividades ilícitas.

Este escenario llevó al Gobierno a recurrir en reiteradas oportunidades a estados de excepción como mecanismo para fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.

Diez provincias y tres cantones quedaron bajo régimen excepcional en el marco de la estrategia oficial contra la inseguridad.

El impacto político del nuevo estado de excepción

La decisión de Daniel Noboa refleja la prioridad que la seguridad continúa teniendo en la agenda política ecuatoriana. Aunque el Gobierno defiende estas medidas como herramientas necesarias para enfrentar la criminalidad, sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos suelen advertir sobre la necesidad de equilibrar las acciones de seguridad con el respeto a las garantías constitucionales.

El nuevo estado de excepción será observado de cerca tanto por organismos nacionales como internacionales, en un contexto donde Ecuador busca contener una crisis de violencia que se ha transformado en uno de los principales desafíos para la administración de Noboa.

Antecedentes de los estados de excepción en Ecuador

Desde 2023, distintos gobiernos ecuatorianos han recurrido de manera frecuente a estados de excepción para responder a situaciones vinculadas con la inseguridad y el crimen organizado.

Las medidas forman parte de una política que busca otorgar mayores herramientas operativas a las fuerzas de seguridad en territorios donde la violencia ha tenido un fuerte impacto sobre la población y las actividades económicas.

La nueva declaratoria confirma que la lucha contra la inseguridad seguirá siendo uno de los ejes centrales de la gestión de Daniel Noboa durante 2026.