12/06/2026
El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, admitió haber omitido la declaración de aproximadamente 500.000 dólares en sus declaraciones juradas patrimoniales como funcionario público. La revelación se produjo en medio de una investigación judicial que analiza la evolución de su patrimonio y distintos movimientos financieros realizados en los últimos años.
Según explicó el funcionario en una entrevista televisiva, los fondos provenían de ahorros acumulados durante su actividad en el sector privado y de ganancias obtenidas a través de inversiones en criptomonedas antes de incorporarse al Gobierno de Javier Milei.
Adorni informó que presentó declaraciones juradas rectificativas correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025 ante la Oficina Anticorrupción para incorporar los activos que habían quedado fuera de los registros oficiales.
Al ser consultado sobre los motivos de la omisión, sostuvo que se trató de una práctica habitual vinculada al contexto económico argentino y reconoció públicamente que cometió un error.
"Voy a pagar hasta el último impuesto que corresponda, todas las multas y los intereses derivados de este error", afirmó el jefe de Gabinete.

El funcionario aseguró que regularizará la situación patrimonial y que está dispuesto a afrontar multas e impuestos correspondientes.
El funcionario detalló que entre 2014 y 2018 realizó inversiones en criptomonedas junto a su esposa. Según su reconstrucción patrimonial, la inversión inicial habría rondado los 200.000 dólares y las ganancias obtenidas alcanzaron aproximadamente los 300.000 dólares.
Estas declaraciones representan un cambio respecto de lo manifestado por Adorni ante el Congreso meses atrás, cuando aseguró que nunca había existido ocultamiento patrimonial.
La situación de Manuel Adorni comenzó a generar polémica en marzo de este año luego de que distintos medios revelaran viajes realizados en aviones privados, desplazamientos familiares al exterior y operaciones inmobiliarias que despertaron cuestionamientos sobre el origen y la declaración de ciertos bienes.
A partir de esas publicaciones, la Justicia inició una investigación para determinar si existieron irregularidades patrimoniales. Hasta el momento, el funcionario no fue citado a prestar declaración en la causa.

El caso vuelve a poner el foco en los mecanismos de control y transparencia sobre las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.
La admisión de activos no declarados genera un nuevo foco de tensión para la administración de Javier Milei, que llegó al poder con un discurso centrado en la transparencia, la reducción de privilegios políticos y la lucha contra la corrupción.
La polémica adquiere especial relevancia porque involucra a uno de los funcionarios más cercanos al Presidente y una de las principales figuras de la comunicación gubernamental. El caso podría convertirse en un nuevo frente de desgaste político para el oficialismo mientras avanza la investigación judicial.
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