Militares de Ecuador admitieron responsabilidad estatal por la desaparición forzada de cuatro menores

El Estado ecuatoriano pidió disculpas públicas este jueves por la desaparición forzada y posterior asesinato de cuatro menores afrodescendientes en la ciudad de Guayaquil, un caso que generó una profunda conmoción en Ecuador y despertó fuertes cuestionamientos sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en el marco de las operaciones de seguridad interna.

El acto fue encabezado por el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), general Mauricio Salazar Machuca, quien reconoció oficialmente la responsabilidad estatal en los hechos, en cumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Constitucional de Ecuador.

Qué pasó en el caso de los cuatro menores desaparecidos en Ecuador

Las víctimas fueron Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda, adolescentes de entre 11 y 15 años que fueron detenidos irregularmente por una patrulla militar el 8 de diciembre de 2024 en las inmediaciones del barrio Las Malvinas, al sur de Guayaquil.

Según las investigaciones judiciales, los menores fueron interceptados por dieciséis soldados bajo la sospecha de un supuesto robo. Sin embargo, en lugar de ser entregados a la Policía, fueron trasladados a una zona cercana a una base militar de la Fuerza Aérea.

Posteriormente, los adolescentes desaparecieron y días más tarde sus cuerpos fueron hallados calcinados en una zona de manglares. Las autopsias determinaron que al menos tres de ellos presentaban impactos de bala.

Durante la ceremonia realizada en el malecón de Guayaquil, Salazar expresó que el Estado ecuatoriano falló en su obligación de proteger a los menores y reconoció que las familias no recibieron información inmediata ni veraz sobre lo ocurrido.

"Comparezco con vergüenza y dolor para reconocer que el Estado es responsable de la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes", manifestó el jefe militar durante la lectura del texto ordenado por la Justicia.

El Estado ecuatoriano pidió disculpas públicas por la desaparición forzada y asesinato de cuatro menores en Guayaquil, en cumplimiento de una sentencia judicial.

Condenas a militares y medidas ordenadas por la Justicia

El caso avanzó tanto en la justicia penal como en la Corte Constitucional.

En diciembre de 2025, un tribunal condenó a los militares involucrados a penas que van desde 30 meses hasta 34 años y ocho meses de prisión por el delito de desaparición forzada.

Además, la Corte Constitucional dispuso una serie de medidas de reparación para las familias, entre ellas la realización de disculpas públicas, la modificación de protocolos militares y la declaración del 8 de diciembre como jornada de memoria en homenaje a las víctimas.

Las autoridades judiciales descartaron la versión inicial que vinculaba a los menores con un supuesto robo y concluyeron que existieron graves violaciones a los derechos humanos.

Las familias exigen conocer toda la verdad

A pesar de las condenas y del reconocimiento oficial de responsabilidad, los familiares sostienen que aún quedan preguntas sin respuesta sobre las circunstancias exactas en las que fueron asesinados los adolescentes.

Durante el acto, Johanna Arboleda, madre de Nehemías, expresó su dolor y reclamó avances en la investigación.

"Lo único que quiero saber es qué pasó con nuestros hijos y que esto no vuelva a repetirse con ningún otro niño", afirmó.

La ceremonia contó además con la presencia de representantes de organismos internacionales, entre ellos integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, así como familiares de otras personas desaparecidas en operativos militares.

El acto de disculpas públicas forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Constitucional para las familias de las víctimas.

Qué impacto tiene este caso para Ecuador

Especialistas en derechos humanos consideran que estas disculpas públicas constituyen un hecho sin precedentes en Ecuador debido a que pocas veces el Estado ha reconocido formalmente su responsabilidad en casos de desaparición forzada cometidos por agentes estatales.

El caso también reabrió el debate sobre los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas y el alcance de los operativos militares desplegados en el marco de la lucha contra el crimen organizado impulsada por el presidente Daniel Noboa.

Para organizaciones de derechos humanos, la investigación pendiente sobre los asesinatos será clave para determinar si Ecuador logra avanzar hacia un proceso completo de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.